El día 26 de septiembre de 2023 hemos tenido reunión de con responsables de la Administración Autonómica en donde nos han informado de la situación de la tramitación de la RPT, valoración de los puestos de trabajo y otras cuestiones relacionadas con este asunto. Nos han indicado que de forma inminente y dentro de la planificación de aprobación de la RPT nos van a remitir a todos los sindicatos la documentación técnica a los efectos de que presentemos las alegaciones que consideremos para dar continuidad a este proceso.

Asimismo se va a proceder a convocar en octubre al Comité de Valoración de Puestos de Trabajo que es el órgano que se encarga de formular la propuesta de valoración de los complementos de destino y específico de los distintos puestos de trabajo existentes en la Administración Penitenciaria y que está compuesto de 4 miembros de la AA., 4 de los sindicatos y el Presidente, que recae en el Director de Función Pública), y que una vez realice la propuesta en el que previamente se hayan resuelto y contestado a las alegaciones de los sindicatos, realizará su propuesta de valoración de estos complementos mediante el análisis de funciones y tareas de los distintos puestos y dotaciones............../

COMUNICADO REUNIÓN MESA DELEGADA II.PP

El día 13/12/2022 hemos tenido reunión de mesa delegada de II.PP en la que se encontraba el Director de la Administración de Igualdad Justicia y Políticas Sociales junto con técnicos de la Administración Autonómica para tratar de los siguientes asuntos:
1- UNIFORMIDAD: el director de la AA de justicia indica que en la ley de presupuestos se establece que la uniformidad se regulará por el organismo competente en materia de personal. Dice además que si se puede aprovechar lo que se ha hecho en la administración central no tiene que haber problema, que la imagen corporativa será la del gobierno vasco, que para sacar adelante el uniforme es preciso saber que dotación y tipo de material se requiere y por ello insta a los sindicatos presentes a que aportemos ideas para que los trabajadores estén a gusto con el material que se les suministre y que cuanto antes definamos el material antes se podrá licitar para poder tenerlo en el menor tiempo posible. Que el documento que nos ha facilitado es un borrador al que debemos hacer aportaciones y trabajar en el.

Desde ACAIP-UGT le manifestamos que no tenemos problema para constituir un grupo de trabajo como han requerido ELA y CCOO pero siempre que sirva para algo, y teniendo en cuenta que en materia de plazos hay que agilizar las propuestas para poder contar con ello a ser posible a finales del año que viene, ya que entre licitación, diseño, toma de tallaje, confección y entrega, va a ser difícil tener vestuario en un periodo de tiempo razonable. Al mismo tiempo les indicamos la necesidad de reponer en 2023 vestuario a todos los trabajadores y que en caso de no disponer del nuevo se facilite el actual en las prendas que correspondan.

El Director de la AA de Justicia responde que se va a recoger en la ley de presupuestos (en una disposición adicional) que ya está en tramitación y lo que se pretende es adelantar los procedimientos para poder contratar, y que para el año que viene se nos suministrará el actual. Nos pide facilitemos las propuestas para hacer una nueva reunión la semana que viene. (la dotación que recoge la AA y su cadencia es la siguiente: polo manga corta y larga—3 uds de cada con reposición cada 2 años; forro softshell---1 ud cada 4 años; anorak---2 uds cada 3ª años; pantalón todo tiempo---2 uds cada 2 años; zapato---1 ud cada 2 años y guantes---2 uds cada 2 años).

Se adjunta documento que hemos remitido al gobierno vasco sobre la estructura corporativa para su estudio y posterior negociación. En el mismo se contempla la creación del grupo B y las formas para acceder al mismo pasando a denominarse al actual cuerpo de ayudantes de IIPP, cuerpo técnico de ejecución penal.

Se recoge también la figura de los trabajadores sociales dentro del cuerpo de gestión para el caso de que puedan pasar a ser personal funcionario, y las formas de acceso a las distintas escalas, tanto desde el acceso libre como por promoción interna.

Se contempla el intervalo de niveles por cada escalar. Señalar asimismo, que este documento ya se ha remitido a función pública autonómica para su análisis. saludos

El día 06/09/2022 se ha llegado a un acuerdo con el Director de la Administración de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales en relación a la continuidad de la aplicación del actual horario que se viene realizando en al área de vigilancia del centro de Zaballa y en donde después de la reunión mantenida el 31/05/2022 se le solicitó que se permitiera seguir desarrollándolo dado que la plantilla así lo quería y la inexistencia de problema alguno por su aplicación, aunque a lo único a lo que accedieron desde la administración, era mantenerlo hasta finales de septiembre para no trastocar el periodo vacacional de los trabajadores.

Se adjunta escrito del DEFENSOR DEL PUEBLO donde se amplia la investigación oportuna por la  denuncia relativa a resoluciones de la Administración penitenciaria vasca sobre traslados de internos a las prisiones vascas, con arraigo en ese territorio, una vez asumidas las competencias en materia penitenciaria por parte de esa Comunidad Autónoma presentada por ACAIP-UGT el 29 de junio 2022

Fuente: The Objetive

Dimisiones, peleas, falta de personal… los tres centros penitenciarios vascos acusan la «falta de experiencia» de la administración autonómica

Lo admitió, hace unos días, hasta la propia responsable de Prisiones en el País Vasco, Beatriz Artolazabal: «Carecíamos de la experiencia de lo que había que hacer, pero lo teníamos que hacer». Con estas palabras, la consejera de Justicia vasca se refería a la gestión que desde octubre está llevando a cabo en los tres centros penitenciarios vascos después de que el Gobierno de Pedro Sánchez transfiriese la competencia al Ejecutivo autonómico. A juicio de los principales sindicatos penitenciarios en la región, claro está, la cuestión no queda solo en esa «falta de experiencia», sino en todo lo que ha devenido: «La gestión vasca es un caos, las prisiones ofrecen un servicio mucho peor del que había antes». 

Esa afirmación se sujeta en toda una retahíla de hechos que han venido sucediéndose en los últimos meses: la dimisión de cinco responsables en las prisiones, la falta de personal «agravada por el gran número de jubilaciones», peleas multitudinarias entre presos, falta de suministros en las cárceles y servicios de los que, ante la falta de estructura en el sistema vasco, se encarga el Ministerio del Interior. Es el caso, señalan fuentes penitenciarias a THE OBJECTIVE, del control de las pulseras telemáticas o de los equipos informáticos, que todavía supervisa la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 

El primer ‘golpe’ al que desde el Gobierno autonómico vendieron como el «modelo penitenciario vasco»  fue la dimisión en cascada de cinco responsables penitenciarias. El pasado 17 de mayo, presentaron su renuncia la directora de la cárcel de Martutene, en San Sebastián, Marian Moreno; la encargada de la gestión de personal en las tres prisiones, Arantza Collado, y otras tres responsables de servicios. Su razón, el caos organizativo que padecía el sistema penitenciario desde la cesión del Ejecutivo central y, sobre todo, la falta de personal. 

Si bien existía una carencia de funcionarios antes de que el País Vasco asumiese la gestión penitenciaria, ahora se ha visto agravada: hay 140 plazas vacantes. «Aunque había previamente una falta de personal, ahora se ha visto empeorada por las jubilaciones, así como por el absentismo, que también ha aumentado», señala Juan Carlos Díaz, del sindicato Acaip-UGT. Razón por la que pactaron con la responsable de Prisiones, explica a este periódico, la creación de una bolsa de empleo para paliar «temporalmente» la escasez de personal. Según señala Díaz, «les dijeron que lo harían antes de verano, ahora al parecer será a primeros de septiembre cuando salga el proceso». «Esperemos que sea así, pero hasta que no lo veamos…», advierte el portavoz del sindicato mayoritario de funcionarios.  

Pelea entre 30 presos

La pelea que se produjo entre 25 presos en la cárcel de Basauri el pasado 21 de julio dejó en evidencia el problema de personal en las prisiones vascas, según denunciaron los sindicatos, que iniciarán movilizaciones en las próximas semanas por «absoluto fracaso» de la gestión vasca. Tres funcionarios resultaron heridos después de intervenir en la riña multitudinaria. «Cuando tú tienes los centros con una tasa de internos elevada —1.300 presos— y pretendes tener un modelo novedoso, garantista de los derechos de los internos, tienes que asegurar un buen funcionamiento del centro; poner medios para ello y, en el caso de que se produzca una pelea, garantizar una evacuación correcta. Basauri es la que más internos e ingresos tiene, es insostenible», critican desde Acaip-UGT. 

La solución pasa, indican desde este sindicato, por que los presos se deriven a otros centros penitenciarios del país. «Del mismo modo que se pueden derivar presos etarras a prisiones vascas, el acuerdo entre los dos gobiernos también contempla lo contrario», explica Juan Carlos Díez. 

Discriminación

En paralelo, a la falta de personal se ha sumado la queja de 70 funcionarios de prisiones que, tras acceder al sistema vasco procedentes de prisiones del Estado a través de un concurso de traslados, han visto mermadas sus condiciones laborales. «Cobramos 500 euros menos que otros compañeros pese a que realizamos las mismas funciones, y tenemos menos vacaciones y libranzas», denunciaron a este periódico. 

Así las cosas, este grupo de trabajadores ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra Dirección de Justicia, encargada de la administración penitenciaria, por haber vulnerado sus derechos fundamentales en el desempeño de su empleo. Representados por la letrada Raquel Sánchez Navarro, solicitan que el Ejecutivo vasco «cese en su actividad» y reconozca los derechos básicos de los «servidores públicos que se encuentren en la misma situación» para no ser tratados de «manera discriminatoria». 

Desde el otro lado, Acaip-UGT, que negoció las condiciones de los 70 funcionarios que llegaron en febrero de otras prisiones dependientes del Ministerio del Interior, admite que si bien es cierto que cobran menos, según el acuerdo que alcanzaron con el Gobierno vasco «las condiciones económicas y laborales de todos los empleados se homogeneizarán una vez que termine este plazo de tránsito». Y es más, señalan, tendrá efecto retroactivo, por lo que estos trabajadores penitenciarios percibirán todo el montante que han dejado de cobrar durante estos meses. 

Desabastecimiento

Entre tanto, los funcionarios también denuncian el desabastecimiento que ha habido en algunas prisiones vascas a causa de la gestión de las contracciones de los servicios externos por parte del Ejecutivo de Iñigo Urkullu. «Cuando se transfirieron las competencias, el Gobierno vasco subrogó los contratos que tenía con las empresas para abastecer economatos, pero solo eran temporales. Cuando ha sacado concursos para estos servicios, han quedado desiertos. Lo que ha implicado que haya habido desabastecimientos puntuales, y los presos se han quedado sin suministros». 

Un escenario que, de perpetuarse, advierten fuentes sindicales, puede causar problemas a los trabajadores penitenciarios. «Si les quitas a los presos la vidilla que tienen de comprar tabaco o cualquier otra cosa, eso puede generar una situación compleja para nosotros, se puede alterar el sistema regimental», denuncian. 

«Todos sabemos que la transferencia ha sido política y que el Gobierno vasco no contaba con los medios para gestionarlo, y todavía no hay una estructura para ello. No hay grupos técnicos que se repartan el trabajo de las áreas. Trabajamos por inercia y eso es lo que está haciendo que esto siga funcionando. Hay muchas carencias, esto no puede seguir así», concluyen los sindicatos.

Más información en  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/07/2203336a.shtml

Fuente: El Mundo

El Gobierno vasco y ACAIP-UGT pactan una "actuación excepcional" para paliar la falta de funcionarios tras la precipitada transferencia

El Departamento de Justicia pretende incorporar antes del próximo mes de agosto a 60 funcionarios interinos en las tres prisiones vascas en una "actuación excepcional" ante la falta de personal. La consejería de Beatriz Artolazabal activará en las próximas semanas dos bolsas de empleo para incorporar a vigilantes de los módulos, auxiliares administrativos, psicólogos y abogados casi 8 meses después de que el sindicato ACAIP-UGT, mayoritario en las cárceles vascas, le advirtiera sobre la existencia de vacantes sin cubrir agravadas por las jubilaciones de una plantilla de funcionarios envejecida.

El sindicato ACAIP-UGT advirtió en septiembre de 2021 sobre el déficit de personal en las tres prisiones vascas y especialmente en la de Zaballa al mantener la misma plantilla que la definida para la cárcel de Nanclares, operativa hasta 2021 y con casi la mitad de módulos. Advertencias públicas para que el equipo de Artolazabal adoptara con urgencia medidas para paliar un déficit de personal que se ha visto agravado en los últimos meses por el último concurso de traslados y el número de jubilaciones. La consejera Artolazabal ha evitado ofrecer aclaraciones e incluso dio por hecho el pasado 12 de enero que en el concurso de traslados serían más los funcionarios que llegarían a Euskadi que los que se marcharan a otros destinos.

Ocho meses después de las primeras denuncias públicas y casi seis desde que el Gobierno vasco asumiera la transferencia de prisiones, el Gobierno vasco asume la necesidad de activar una "actuación excepcional" para incorporar a interinos porque "puestos esenciales podrían estar vacantes", como recoge el documento suscrito por el Departamento de Justicia y el sindicato mayoritario. Un texto que constituye un reconocimiento explícito a lo denunciado por ACAIP-UGT desde el pasado otoño y que obliga a crear las dos bolsas de empleo, modificar varias órdenes sobre la contratación de interinos y la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de una "delegación de competencias" para que sea la Dirección de Administración de Justicia quien asuma directamente la gestión de este problema y no el Departamento de Función Pública.

El Gobierno vasco publicará en las próximas semanas las condiciones para acceder a estos puestos de funcionarios interinos penitenciarios que diferencian entre las funciones de "ayudantes" con tareas de vigilancia y de auxiliares administrativos y los "técnicos" donde también se diferencia entre abogados y psicólogos respecto a los trabajadores sociales. Los sueldos brutos anuales de estos puestos oscilarán entre los 30.474 euros y los 46.346 euros. Sin embargo, los vigilantes de módulos tendrán complementado su salario para aproximarlo al de sus compañeros que sí son funcionarios y que fueron transferidos por el acuerdo adoptado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el de Urkullu.

La incorporación de los nuevos funcionarios interinos se producirá tras baremar sus méritos (incluido el euskera con hasta 4 puntos sobre los 19 puntos de la categoría de vigilantes) y una formación "exprés" de diez días en los propios centros penitenciarios. La incorporación de este primer grupo de 60 interinos no cierra esta vía sino que, según fuentes sindicales, podrá ser reactivada durante 2022 para paliar un déficit de hasta 100 trabajadores en las prisiones. Sólo en la cárcel de Martutene faltan por cubrir 17 puestos en el área de administración y hay prisiones sin especialistas jurídicos porque sólo hay una plaza cubierta de las tres existentes y el profesional se encuentra de baja.

El Gobierno vasco tiene que definir una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que concrete el número y las funciones de sus profesionales en el ámbito penitenciario. Hasta ahora, el único cambio introducido por la consejera Artolazabal (PNV) para desarrollar el denominado "modelo penitenciario vasco" ha sido la creación de Aukerak, el ente encargado de mejorar la reinserción de los presos a través de la formación laboral y el empleo.