Fuente: ABC

Solo se evitará si se resuelve el concurso de traslados de este año antes de octubre

El Gobierno acaba de entregar las cárceles al País Vasco y el calendario ya le aprieta. A partir del 1 de octubre, los nacionalistas tendrán la competencia de su sistema penitenciario y todos aquellos funcionarios -hay alrededor de 700- que actualmente prestan allí servicio podrán solicitar antes, en el marco del concurso de traslados del año 2021 previsto para junio, ser reubicados en otras cárceles del territorio nacional para evitar ser absorbidos por la administración vasca.

El margen de tiempo plantea un problema, y así lo han destacado las fuentes consultadas por ABC: si el concurso de traslados no se resuelve antes del 1 de octubre, aquellos funcionarios que hayan solicitado dejar el País Vasco quedarán allí 'retenidos' de forma transitoria hasta que eso se produzca.

Pero podría plantearse un segundo problema: si son muchos los que piden salir, también podrían ser obligados a permanecer allí hasta que la administración vasca pueda cubrir sus vacantes con funcionarios propios que hayan accedido a través de una oferta de empleo público del gobierno de esa comunidad. Es evidente que este tipo de instalaciones no puede quedar sin personal suficiente para su normal funcionamiento, aunque no parece que vaya a ser el caso.

Algunos precedentes sobre la agilidad de los concursos de traslados no invitan al optimismo. El del año pasado tardó alrededor de ocho meses en quedar zanjado. Hasta la fecha tope de octubre restan cuatro meses y medio, lo que da idea de lo ajustado de los plazos planteados.

Los sindicatos de prisiones CSIF y Acaip-UGT ven más incertidumbres. Después de ver cómo el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, firmó el lunes la cesión del sistema penitenciario, poco se sabe de los planes que tiene el Gobierno del PNV sobre las condiciones de trabajo que va a implantar en sus centros penitenciarios. De ello dependerá en buena medida que los funcionarios allí destinados se queden en sus actuales puestos.

Aspectos como el sueldo -las cárceles vascas ya están por encima de la media en cuestiones retributivas- o la organización de las jornadas laborales incidirán decisivamente en su decisión. Pero a día de hoy no se conocen ese tipo de detalles, que deben desvelarse antes de que en verano se abra la posibilidad de solicitar destino en prisiones de fuera del País Vasco.

Fuente: La Vanguardia

A pesar de que algunas críticas políticas han dado lugar a equívocos, el Estatuto de Gernika detalla en dos artículos los límites de esta competencia

Las críticas del PP se han centrado en la situación de los presos de ETA, una treintena entre una población reclusa de 1.300 personas.

El Gobierno Vasco comenzará a gestionar desde el 1 de octubre la competencia de Prisiones, que llega 42 años después de la aprobación del Estatuto de Gernika. Esta competencia, recogida en los artículos 10.14 y 12.1 del Estatuto, prevé que el Ejecutivo vasco gestione “la organización, régimen y funcionamiento de las Instituciones Penitenciarias”, si bien a legislación penitenciaria seguirá correspondiendo al Gobierno de España. El traspaso, sin embargo, ha generado la crítica furibunda del PP y Vox.

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, se trasladó este lunes a Euskadi para presidir la Comisión Mixta de Transferencias en la que se cerró el traspaso de Prisiones y otras tres competencias: Transporte por Carretera, Asignación del ISSN y la gestión del edificio del Distrito Marítimo de Ondarroa. No obstante, el Gobierno Vasco y el Ejecutivo central continuarán trabajando durante los próximos cinco meses para llevar a efecto el traspaso efectivo de una competencia cuyos detalles se conocen de manera exhaustiva, a pesar de que algunas críticas políticas hayan generado una evidente confusión.

En el Estatuto de 1979

La competencia de Prisiones se recoge en dos preceptos del Estatuto de Gernika. El artículo 10.14 de esta Ley orgánica recoge que será una competencia del Gobierno Vasco la “organización, régimen y funcionamiento de las Instituciones y establecimientos de protección y tutela de menores, penitenciarios y de reinserción social, conforme a la legislación general en materia civil, penal y penitenciaria”.

Asimismo, el artículo 12.1 señala que “corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco la ejecución de la legislación del Estado en” materia de “legislación penitenciaria”. 

El Estatuto de Gernika fue aprobado en referéndum el 25 de octubre de 1979, con más de un 90 % de votos afirmativos y una participación del 58,8 % (algunos grupos como Herri Batasuna pidieron la abstención). Alianza Popular y Unión Nacional fueron los únicos que votaron en contra.

La competencia

En consonancia con lo recogido en el Estatuto, será competencia del Gobierno Vasco “la organización, régimen y funcionamiento de las Instituciones Penitenciarias”, si bien el texto subraya que se hará “conforme a la legislación general en materia civil, penal y penitenciaria”.

La legislación penitenciaria que ejecutará la Administración vasca corresponde a Estado y las decisiones que se adopten seguirán la supervisión de los jueces de vigilancia penitenciaria.

El traspaso, no obstante, “acercará la organización y el funcionamiento de los centros penitenciarios, y dará la posibilidad de abordar cuestiones como la formación ocupacional o la resocialización”, según explicó la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi.

La población reclusa y los presos de ETA

Aunque el PP y Vox han vinculado este traspaso con el futuro de los presos de ETA, lo cierto es que son una minoría dentro del conjunto de presos en cárceles vascas y su futuro seguirá dependiendo de la Administración del Estado. “Van a convertir las prisiones vascas en resorts de lujo para los etarras”, llegó a decir el líder del PP vasco, Carlos Iturgaiz. La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, insistió este lunes en las críticas al Gobierno central por acometer este traspaso.

Actualmente hay alrededor de 1.300 reclusos en las cárceles de Zaballa (Araba), Martutene (Gipuzkoa) y Basauri (Bizkaia), de los que aproximadamente un centenar son mujeres. Alrededor de 700 cumplen pena en la cárcel de Zaballa (Álava) –que sustituyó a la de Nanclares–, 300 pertenecen a la prisión de Basauri (Bizkaia), y unos 260 están en Martutene (Gipuzkoa), aunque pronto serán trasladados al nuevo centro de Zubieta.

Los presos condenados por haber pertenecido a ETA son una treintena de esos 1.300 reclusos. De hecho, aunque todos los presos de ETA fuesen trasladados en los próximos años a las cárceles de Zaballa, Zubieta (que sustituirá a Martutene) y Basauri, así como a la cárcel de Pamplona, serían a lo sumo entre el 10 % y el 15 % de la población reclusa en Euskadi. No en vano, en este momento hay en total alrededor de 180 presos de ETA en cárceles españolas, así como una treintena en cárceles francesas. 

El cálculo de la transferencia

El gasto que genera gestionar el funcionamiento de la transferencia de Prisiones ha sido valorado en 70 millones de euros. Esa cantidad se descontará del Cupo que Euskadi ha pagado hasta ahora al Estado por los servicios, no transferidos vía Estatuto, que presta en la comunidad.

Por tanto, Euskadi pagará 70 millones de euros menos vía Cupo, de manera que su presupuesto se incrementará en esa misma cantidad, ya desde las cuentas de 2022. 

Tres cárceles

Desde el 1 de octubre el Gobierno Vasco asumirá la gestión de tres cárceles: Zaballa (Araba), Martutene (Gipuzkoa) y Basauri (Bizkaia).

Los tres inmuebles serán traspasados al Gobierno y le pertenecerán en las mismas condiciones jurídicas en las que pertenecían anteriormente al Gobierno central. 

Cuando se construya la nueva prisión guipuzcoana de Zubieta, el Gobierno Vasco devolverá Martutene al Ejecutivo español y asumirá la titularidad del nuevo establecimiento penitenciario. Las obras de construcción de esta prisión fueron adjudicadas por el Gobierno de España el pasado mes de marzo por un importe cercano a los 39 millones de euros. Según los plazos de obra establecidos, será una realidad en primavera de 2023.

Por último, la transferencia también incluye la antigua cárcel de Nanclares, que fue clausurada por Instituciones Penitenciarias tras su cierre. Este centro ya no acoge la población reclusa y hasta hace poco parte de sus dependencias eran utilizadas para dar alojamiento a funcionarios de prisiones.

Los funcionarios

En este momento alrededor de 700 personas trabajan en los tres centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco. La mayor parte son funcionarios de prisiones y el resto personal laboral.

El Gobierno Vasco los integrará en la Función Pública vasca y se hará cargo de sus retribuciones. Sus derechos adquiridos hasta el momento de la transferencia serán respetados.

Fuente: El Mundo

La incorporación de Chema Bastos se produce en vísperas del acto formal de traspaso de las prisiones que presiden hoy Iceta y Erkoreka

El Gobierno vasco comienza a dar forma a la estructura de la Dirección que se encargará de la definición y ejecución del denominado 'modelo penitenciario vasco'. Un equipo para el que la consejera Beatriz Artolazabal incorporó en marzo al juez Jaime Tapia y en el que se incorporará el subdirector de Tratamiento de la cárcel de Zaballa Chema Bastos. Euskadi asume mañana formalmente el traspaso de las tres prisiones y de las instalaciones de la vieja prisión de Nanclares en la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias que presidirán el vicelehendakari primero Josu Erkoreka y el ministro de Política Territorial y Función Pública Miquel Iceta.

El juez y ahora asesor con rango de vicelehendakari Jaime Tapia ha sido determinante para que Bastos se sume a la dirección del Gobierno vasco que será la encargada de gestionar a partir de octubre las cárceles de Zaballa, Basauri y Martutene. Bastos, con formación en Derecho, tiene una larga trayectoria profesional en el ámbito penitenciario ya que tras estar destinado en el Puerto de Santa María fue destinado a la cárcel de Nanclares. Desde hace 27 años trabaja como responsable de tratamiento y es el encargado de coordinar las actividades que realizan los presos tanto con los propios educadores del centro como con colectivos externos. Esta vinculación con asociaciones y onegés que trabajan en el interior de la actual cárcel de Zaballa.

La incorporación de Bastos -que ya ha comunicado que deja libre sus funciones en Zaballa- constituye un paso más en la definición del denominado "modelo penitenciario vasco". Sin embargo, aún nada se sabe sobre las condiciones en las que se llevará a cabo el traspaso de los 700 trabajadores y personal laboral de las tres cárceles. Los sindicatos aún desconocen las condiciones del traspaso y así lo advirtieron el pasado jueves durante la reunión que mantuvieron con la dirección de Instituciones Penitenciarias en Madrid. El equipo de Grande-Marlaska pretende activar antes del 1 de octubre -fecha del traspaso efectivo en la gestión de las prisiones- un concurso de traslados para permitir que los funcionarios de las tres cárceles vascas puedan optar a otros destinos.

Sin embargo, Instituiciones Penitenciarias rechazó aclarar más detalles sobre las condiciones ya pactadas entre el ministro Iceta y la consejera de Gobernanza Olatz Garamendi que se harán públicas mañana tras la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias. Hasta ahora, sólo se sabe que Euskadi se descontará 70 millones del Cupo vasco al asumir esta gestión en la que se incluyen las instalaciones de la vieja cárcel de Nanclares, ahora en desuso.

Además, mañana lunes se firmarán otros tres traspasos menores, como la transferencia del transporte por carretera lo que permitirá a las diputaciones vascas asumir las autorizaciones a operadores y concesionarios de transporte, así como la gestión de los exámenes de competencia profesional. El Gobierno vasco también recibirá el edificio del Distrito Marítimo de Ondarroa (Bizkaia) y la gestión del código bibliográfico ISSN.

Fuente: El Independiente

Miquel Iceta firma hoy en Bilbao la transferencia de las tres cárceles y los 700 funcionarios. Urkullu diseñará su "modelo vasco" de reinserción para los 1.300 reclusos. El traspaso se completa tras 182 acercamientos y sólo una decena pendiente.

Euskadi firmará hoy un acuerdo largamente esperado. La asunción de la competencia de prisiones será una realidad tras años de negociaciones y después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya prácticamente culminado el acercamiento de los presos de ETA a cárceles vascas o próximas a Euskadi. Con los dos traslados aprobados el pasado viernes, apenas resta una decena de reclusos de la banda por ser aproximados al País Vasco. Desde que en agosto de 2018 el Ejecutivo socialista comenzara a revertir la política de dispersión aplicada desde 1989 a los presos de la banda han sido trasladado 182. Los reclusos que por ahora no se han beneficiado de esta medida son, en algunos casos, los que se considera que pertenecen al colectivo crítico con el entorno afin a EH Bildu y Arnaldo Otegi y al colectivo mayoritario de presos, el EPPK.

Esta mañana el ministro de Política Territorial y Función Pública visitará Bilbao para firmar la cesión de la gestión de las prisiones en el seno de la Comisión Mixta de Transferencias. La aplicación del ‘modelo vasco’ de prisiones será efectivo desde el mes de octubre. Hasta entonces, la Administración de Urkullu comenzará a asumir y planificar la gestión de la competencia. En las cárceles vascas cumplen condena alrededor de 1.300 presos. En los últimos meses ha ido en aumento el colectivo de presos de ETA que han sido trasladados a alguna de las tres cárceles vascas –Basauri, Zaballa y Martutene- y que suman ya 46 reclusos. El resto se encuentran cumpliendo condena en cárceles próximas, principalmente la de Pamplona, con 11 presos de ETA, o en Logroño, Cantabria, Zaragoza o Asturias.

Además de prisiones, Euskadi asumirá oficialmente hoy otras tres competencias; la titularidad del transporte por carretera, la gestión de los códigos bibliográficos ISSN y el inmueble correspondiente al Distrito Marítimo de Ondarroa. De la entidad y relevancia que el Gobierno de Urkullu quiere revestir la cita de esta mañana da muestra que el Ejecutivo contará en la mesa con hasta seis consejeros, los relacionados con algún aspecto de las cuatro materias. El proceso ha sido largo y ha tenido que ser aplazado en numerosas ocasiones. Comenzó negociándolo la primera responsable de la política territorial de un Gobierno de Sánchez, Meritxell Batet, lo continuó su sucesora, la hoy ministra de Sanidad, Carolina Darias, y lo ha culminado su sucesor, Miquel Iceta.

El Ejecutivo vasco considera que es un “hito” importante al que debe seguir el acuerdo sobre el resto de materias aún pendientes para la culminación del Estatuto de Gernika de 1979. El pacto alcanzado con Sánchez en 2018 contemplaba una treintena de transferencias, -las recogidas en el Estatuto y aún pendientes-, entre ellas el estudio del régimen económico de la Seguridad Social.

Estatuto por apoyo

Es precisamente ésta negociación en la que en gran medida se soporta el apoyo que el PNV está brindando el Gobierno PSOE-Unidas Podemos. Lograr el desarrollo íntegro del Estatuto se ha convertido en la mayor oportunidad que en muchos años ha tenido el nacionalismo vasco para hacer cumplir esta vieja aspiración.  El PNV está convencido de que con un gobierno del PP dar este paso sería más complicado y por ello ha convertido esta aspiración en la principal y casi única contraprestación que de modo reiterado reclama a Sánchez a cambio de su apoyo.

Incluso tras el revés del PSOE en las elecciones de Madrid del pasado 4-M el PNV ha evitado cuestionar al Gobierno socialista. Dio garantías al Ejecutivo de que no virará su apoyo hacia el PP. Sabin Etxea no ve aún a los populares como una “alternativa” que hoy pueda poner en peligro el Gobierno sanchista: “El PP carece de capacidad para articular una alternativa” y de “influencia para lograr mayorías”, subrayó Aitor Esteban horas después de la victoria de Ayuso en Madrid. Más aún, consideró que lo sucedido en las elecciones madrileñas en realidad puede provocar “un alargamiento de la legislatura”.

También en el Gobierno vasco se ha evitado estos días la crítica directa a Sánchez. Ni siquiera el lehendakari, en su reiterada petición de una prórroga del Estado de Alarma, desoída por Sánchez, ha optado por los reproches directos. Pese a que Euskadi se encuentra en la peor posición de la ‘cuarta ola’ y que el País Vasco era la comunidad más interesada en seguir en Estado de Alarma, ni en Lakua ni el PNV han elevado la voz. Urkullu y Ortuzar saben que el apoyo del PNV a un Gobierno inestable como el de Sánchez puede convertirles hoy en imprescindibles y con ello acelerar el cumplimiento de compromisos adquiridos.

El consejero de Seguridad y vicelehendakari Erkoreka recordó al anunciar el acuerdo que la competencia de prisiones no es más que “algo que nos deben desde hace 40 años” y que tras él deben legar el resto de materias aún pendientes. Desde hoy el Gobierno vasco será el titular de la competencia cuya cuantificación económica es de 70 millones de euros, a descontar del Cupo.

Resocializar, reeducar y reinsertar

La política penitenciaria la seguirá marcando el Gobierno central pero la gestión de las cárceles, la concesión de beneficios, las juntas de tratamientos, el personal y la reinserción dependerá de la Administración vasca. Hasta el momento el Ejecutivo vasco ha insistido en que el suyo será un modelo centrado en la “resocialización, reeducación y reinserción”. Ante las acusaciones sobre el impacto que la asunción de la gestión penitenciaria pudiera tener en forma de beneficios hacia los presos de ETA, la Administración vasca ha insistido en que no se deben vincular ambas cosas. “No hay por qué desconfiar”, aseguró Erkoreka. El Gobierno vasco insiste en que “actuaremos dentro de los amplios márgenes que nos deja la ley”.

Por el momento ultima cuál será su modelo penitenciario. Deberán aplicarlo los casi 700 funcionarios de prisiones que pasarán a formar parte de la Administración vasca. Además, en apenas dos años Euskadi será la titular de la nueva cárcel guipuzcoana cuyo proceso de construcción ya está en marcha, la prisión de Zubieta, que sustituirá a la vieja prisión de Martutene.   

El Gobierno de Urkullu defiende un modelo basado en la llamada ‘justicia restaurativa’ que permita que el cumplimiento de las condenas facilite el regreso a la sociedad de los internos. En este sentido, desde hace años trabaja en un programa específico para los presos de ETA. La inquietud del Ejecutivo vasco radica en la especial incidencia política e impacto social que rodea a este colectivo de reclusos. Se considera que puede ser determinante para asentar la convivencia en la sociedad vasca. Por ello, la resocialización de los presos de ETA abarcará desde su reinserción en prisión hasta su ‘resocialización’ una vez en libertad. También se plantea facilitarles el acceso prioritario como colectivo en riesgo de exclusión social a todos los servicios, ayudas y prestaciones públicas.

‘Reintegrar’ a los presos de ETA

El Gobierno considera que el tratamiento a estos reclusos condenados por terrorismo es una cuestión que genera “controversia” pero que debe cuidarse por su “gran influencia en el proceso de normalización de la convivencia” en Euskadi. En 2016 el entonces secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, avanzó que el objetivo es hacer de su política penitenciaria y de reinserción una suerte de “política de convivencia para la sociedad y de confluencia para las víctimas”.

El tratamiento a los presos de ETA incluiría dos fases. La primera de ellas será la de su “reinserción” dentro de la cárcel y la segunda, la de su “reintegración” en la sociedad. En la primera se exigirá al preso de ETA que desee acogerse a esta vía que acredite un distanciamiento crítico, reconozca el daño causado y se comprometa con la paz y la convivencia.

Sólo después, el Gobierno vasco planteará darles acceso a la segunda etapa de su plan: un programa de apoyo asistencial y material en todos los ámbitos para facilitar su reingreso social. Ayudas que contemplan desde el acceso a una renta mínima, hasta ser demandantes prioritarios -por constituir un colectivo “en riego de exclusión”- de las prestaciones de acceso a la vivienda, al empleo, a formación, a servicios sociales, a prestaciones sociosanitarias…

Fuente: La Vanguardia

El 10 de mayo se rubricará este traspasado, que se hará efectivo el 1 de octubre y tiene una valoración económica de 70 millones

l próximo 10 de mayo una Comisión Mixta de Transferencias formada por representantes del Gobierno Vasco y el Gobierno central rubricará el traspaso de Prisiones y otras tres competencias a Euskadi. El Ejecutivo vasco da de esta manera otro paso de cara a completar el Estatuto de Gernika esta legislatura y, desde el 1 de octubre, comenzará a gestionar una transferencia con una valoración económica de 70 millones de euros.

El Gobierno de Urkullu ha dado a conocer la mayor parte de los términos en los que se cierra el traspaso y ha adelantado también qué tipo de política de políticas de socialización quiere llevar a cabo. También ha explicado cómo se gestionarán las infraestructuras penitenciarias y el traspaso de los funcionarios.

La valoración económica de la transferencia asciende a 70 millones de euros. Esa cantidad se descontará del Cupo que Euskadi ha pagado hasta ahora al Estado por los servicios, no transferidos vía Estatuto, que presta en la comunidad. Por tanto, Euskadi pagará 70 millones de euros menos vía Cupo y su presupuesto se incrementará en esa misma cantidad, ya desde las cuentas de 2022. No en vano, el cambio efectivo de manos tendrá lugar a partir del 1 de octubre.

Tres prisiones, y el caso de Nanclares

El Gobierno Vasco asumirá la gestión de tres cárceles a través de las cuales prestará el servicio penitenciario. Se trata de Zaballa (Araba), Martutene (Gipuzkoa) y Basauri (Bizkaia).

Los tres inmuebles serán traspasados al Gobierno y le pertenecerán en las mismas condiciones jurídicas en las que pertenecían anteriormente al Gobierno central. En todo caso, hay una variable más que sumar: la cárcel de Zubieta, en construcción.

Cuando se construya la nueva prisión guipuzcoana el Gobierno Vasco devolverá Martutene al Ejecutivo español y asumirá la titularidad del nuevo establecimiento penitenciario. Las obras de construcción de esta prisión fueron adjudicadas por el Gobierno de España el pasado mes de marzo por un importe cercano a los 39 millones de euros. Deberá ejecutarse en 22 meses, por lo que, según los plazos de obra establecidos, será una realidad en primavera de 2023.

Por último, la transferencia también incluye la antigua cárcel de Nanclares, que fue clausurada por Instituciones Penitenciarias tras su cierre. Este centro ya no acoge la población reclusa y hasta hace poco parte de sus dependencias eran utilizadas para dar alojamiento a funcionarios de prisiones.

1.300 reclusos

Actualmente hay alrededor de 1.300 reclusos en las cárceles de Zaballa (Araba), Martutene (Gipuzkoa) y Basauri (Bizkaia), de los que aproximadamente un centenar son mujeres. Alrededor de 700 cumplen pena en la cárcel de Zaballa (Álava) –que sustituyó a la de Nanclares–, 300 pertenecen a la prisión de Basauri (Bizkaia), y unos 260 están en Martutene (Gipuzkoa), aunque pronto serán trasladados al nuevo centro de Zubieta.

A pesar de que el PP ha vinculado estrictamente este traspaso a la situación de los presos relacionados con ETA, lo cierto es que de esos 1.300 reclusos apenas son una treintena.

No obstante, cabe prever que en el futuro puedan ser más. En este momento hay alrededor de 180 presos de ETA en cárceles españolas, así como una treintena en cárceles francesas. La desaparición de ETA está llevando al Gobierno español a suavizar la política de dispersión, y es previsible que una parte de esos presos que hoy están fuera de Euskasi recalen en los próximos años en las cárceles de Zaballa, Zubieta y Basauri, así como en la cárcel de Pamplona. En cualquier caso, los presos vinculados a ETA en cárceles vascas serán, como mucho, entre el 10 % y el 12 % de la población reclusa.

La competencia

El Gobierno Vasco se ha afanado en desvincular el traspaso de la situación particular de los presos que pertenecieron a ETA, ya que son una minoría dentro de esos 1.300 presos en cárceles vascos. Además, la legislación penitenciaria seguirá correspondiendo al Gobierno español y las decisiones que se adopten seguirán la supervisión de los jueces de vigilancia penitenciaria.

El Ejecutivo vasco, no obstante, gestionará la organización y el funcionamiento de los centros penitenciarios, al tiempo que tendrá la posibilidad de abordar cuestiones como la formación ocupacional o la resocialización.

700 funcionarios

Según se ha precisado desde el Gobierno Vasco, son alrededor de 700 las personas que trabajan en los tres centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma de Euskadi. La mayor parte son funcionarios de prisiones y el resto personal laboral.

El Gobierno Vasco los integrará en la Función Pública vasca y se hará cargo de sus retribuciones. Sus derechos adquiridos hasta el momento de la transferencia serán respetados. 

Fuente: El confidencial

Con respecto a Cataluña se está trabajando en la ampliación del traspaso de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la administración de la justicia.

os acuerdos de legislatura firmados por el PSOE con partidos minoritarios para facilitar la investidura de Pedro Sánchez implican una serie de compromisos en materia de transferencia de competencias, de financiación autonómica, de reconocimiento de identidades territoriales, desarrollos de estatutos autonómicos o de deslocalización de recursos a distintas ciudades periféricas. Tras un año de legislatura, el Gobierno ha avanzado principalmente este tipo de compromisos con el PNV, poniendo en marcha una seria de traspasos competenciales, no solo para el País Vasco, sino también para Navarra. Por el contrario, la mayor parte de los compromisos adquiridos en esta materia con BNG y Nueva Canarias están sin iniciarse, mientras que el acordado con Compromís para un nuevo sistema de financiación autonómica va con retraso, al estar comprometido "en los ocho meses posteriores a la investidura".

En el caso del País Vasco, el Gobierno acordó con el PNV el pasado mes de octubre el cronograma para materializar el traspaso de las competencias estatutarias pendientes tras solicitar los informes a los ministerios competentes en las distintas materias. El objetivo es completarlas antes del mes de marzo. En junio del pasado año ya se realizaron transferencias en materia de ejecución de la legislación laboral, productos farmacéuticos y seguro escolar.

Se ha iniciado también la transferencia de prisiones, para lo que se está redactando el borrador del acuerdo para ponerlo a disposición del Ministerio del Interior, con el objetivo de abordar el traspaso en el tercer trimestre del año. Respecto a Navarra, está en proceso el traspaso de las competencias de tráfico, para el que ya se han solicitado los informes y celebrado distintas reuniones interministeriales para concretar los medios a traspasar, a la espera de convocar la ponencia técnica previa al acuerdo en la Comisión Mixta de Transferencias.

En el País Vasco se ha iniciado la transferencia de prisiones, para lo que se está redactando el borrador del acuerdo

Fuera del ámbito de los traspasos, el Gobierno ha avanzado en el PNV de cara a que el País Vasco cuente con selecciones deportivas para representar a este territorio en el ámbito internacional. Tras las reuniones entre la presidenta del CSD y la consejería de Cultura y Política Lingüística del Gobierno autonómico, se está a la espera de que estos últimos envíen su propuesta, como se recoge en el informe de rendición de cuentas sobre el primer año de legislatura.

Unos avances a pesar de los cuales el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, criticaba este jueves que la Administración estatal está "remolona y lenta" en la transferencia de competencias acordadas. Durante una entrevista en Radio Popular, criticaba que "vamos ya fuera de plazo" en la transferencia del ingreso mínimo vital, pero se mostraba optimista con que se cumpla el calendario sobre que el primer bloque de transferencias previsto para marzo sea una realidad.

Con respecto a Cataluña, se está trabajando, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, en la ampliación del traspaso de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la administración de la justicia. Con ERC se puso en marcha el acuerdo de crear la mesa de diálogo entre Gobierno y Govern, si bien hasta el momento solo celebró una única reunión, el 26 de febrero del pasado año.

Con respecto a Cataluña, se está trabajando en la ampliación del traspaso de medios para la administración de la justicia

El PSOE pactó con el BNG en el acuerdo de investidura al convocar la comisión Mixta de transferencias Estado-Xunta de Galicia, pero hasta el momento no se ha activado ni ha habido conversaciones para establecer un cronograma. Tampoco se han iniciado los trabajos para promover en el Congreso la Ley del Parlamento de Galicia, que se comprometió aprobar en esta legislatura.

Otros de los acuerdos firmados con los soberanistas gallegos fue el impulso de reformas para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales y asegurar a Galicia el estatus de País Vasco y Cataluña. Para ello se celebraron algunas reuniones de trabajo al inicio de la legislatura, pero durante el segundo semestre del año no se volvieron a producir. Por último, en lo que respecta a la normalización del uso del gallego en la administración de la justicia, se ha previsto ya la creación de un grupo de trabajo en la Conferencia Sectorial del ramo.

Entre los compromisos que están bloqueados con Nueva Canarias destaca el referente al desarrollo de su estatuto de autonomía, así como la apertura de negociaciones respecto a las competencias pendientes de transferir. Sí se ha avanzado, en cambio, en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, remitiendo al Parlamento canario el acuerdo sobre su modificación e incluyendo en los Presupuestos varias partidas económicas para las medidas contempladas en este. Con todo, todavía no se ha tratado la aplicación de la "Quinta Libertad" aérea, incluida en la reforma del REF y comprometida en el pacto de legislatura. Esto permitiría convertir al archipiélago en plataforma logística y puente comercial entre Europa, África y América.

Fuente: El Correo

Todos permanecen aislados en la enfermería del centro penitenciario de Álava

El coronavirus ha vuelto a colarse en la cárcel alavesa de Zaballa. Se trata, en concreto, de un brote de Covid-19 que afecta a seis sanitarios de Osakidetza y otros tantos reclusos y que ha obligado a confinar a todos ellos en la enfermería de la institución penitenciaria. El foco se originó entre el personal sanitario. Estos trabajadores no pertenecen al centro y acuden cada día a trabajar a estas instalaciones, donde el virus se dispersó hasta contagiar a estas doce personas, según han confirmado fuentes oficiales a EL CORREO.

Son tres médicos, dos enfermeras y un administrativo los que han dado positivo en coronavirus entre el personal sanitario. Tras realizarse un cribado entre los internos, las pruebas diagnósticas detectaron seis casos. Dos de ellos presentan síntomas leves y los otros cuatro son, por ahora, asintomáticos. Todos permanecen en cuarentena en la enfermería, mientras que se rastrean los contactos estrechos, aunque la dirección de la prisión da por controlado el brote.

Fuente: ABC

Cuatro víctimas de la banda vinculadas al PSE opinan en ABC sobre los traslados de reclusos, que se han intensificado en los últimos meses

El Ministerio del Interior comunicó en vísperas de Nochevieja el acercamiento de otros 12 presos de ETA, incluido el de Juan Carlos Iglesias Chouzas «Gadafi», quien carga a sus espaldas con una veintena de muertes. No se trata de una «rara avis», pues hace tiempo que el hecho de arrastrar crímenes de sangre dejó de ser un impedimento para acceder a este tipo de beneficios penitenciarios. Según datos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), 130 reclusos han sido trasladados a cárceles próximas al País Vasco o Navarra desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, de los cuales 49 fueron condenados por asesinato. Una realidad que genera controversia entre quienes padecieron de forma directa la barbarie etarra… y también en el mismo seno del socialismo histórico.

Precisamente, hace solo dos semanas Instituciones Penitenciarias confirmaba el acercamiento del exjefe de ETA José Javier Arizcuren Ruiz, alias «Kantauri», que fue quien ordenó asesinar al dirigente del PSE Fernando Múgica. En el mismo «lote» de traslados iba uno de los terroristas que participaron en el atentado contra el exvicelendakari Fernando Buesa, Luis Mariñelarena Garciandia. Allegados de estas dos víctimas mortales de la banda ejemplifican la diversidad de pensamiento que existe en torno a la dispersión de los etarras en la «familia» socialista, pues mientras Sara Buesa, hija del político, se ha posicionado públicamente a favor de este tipo de concesiones a los presos —a los que sigue exigiendo autocrítica—, uno de los sucesores de Múgica, José María, reconoce que la política del Ejecutivo central le resulta «incomprensible».

«Vivo con el desconcierto de contemplar que hay toda una política de acercamiento de terroristas que se está llevando a cabo desde hace tiempo pero que no se está explicando», apunta Múgica, quien en 2018 se dio de baja del Partido Socialista a consecuencia del polémico «brindis de Navidad» que protagonizaron Arnaldo Otegui y la líder del PSE, Idoia Mendia, entre otros. Para él, existe una «deliberada voluntad de obviar esa explicación», lo cual, añade, no suele «conducir a nada bueno». Sobre todo, «cuando de lo que se habla es de política penitenciaria» y de terrorismo.

«Aberración» o necesidad

Una de las claves del debate recae sobre el aspecto legal de los acercamientos. Por un lado, José María Múgica advierte de que si estos se producen de forma masiva y benefician a un único colectivo, en este caso el de los presos de ETA, se estaría practicando una ley penitenciaria desigual para el resto de reclusos. «Una aberración política», sentencia. Otra exmilitante del PSE como Maixabel Lasa, viuda del exgobernador civil de Guipúzcoa Juan María Jáuregui, destaca por el contrario que la política de alejamientos constituía una «situación especial» en un contexto de amenaza terrorista que a día de hoy ya no existe, y que por tanto mantenerla «no tiene ningún sentido». En esta línea, apunta que este 2021 «se cumplirá una década del alto el fuego de ETA». Y añade: «El partido que más acercó fue el PP de Aznar».

«Yo siempre he defendido que el objetivo de la política penitenciaria de todo Gobierno debe ser la reinserción de los presos, sean comunes, de terrorismo, por violaciones o de cualquier tipo», dice Lasa. Ella misma mantuvo, con motivo del documental «ETA, el final del silencio», un encuentro con uno de los verdugos de su marido, Ibon Etxezarreta, así como con antiguos reclusos de la banda arrepentidos. «Hemos intercambiado opiniones, hemos hecho encuentros -explica a ABC-. Me parecen personas que, de alguna forma, han reconocido que lo que hicieron estuvo mal, que han causado daño a muchas familias. Merecen esa oportunidad de rehacer su vida después de la cárcel precisamente por esa trayectoria personal de autocrítica que han hecho con su pasado». ¿Ha llegado ella a perdonar? «Yo soy agnóstica», responde.

Gorka Landaburu, director de Cambio 16 y afiliado a la formación socialista desde 1993, también es firme defensor de los acercamientos de etarras. Incluso se lo sugirió a Mariano Rajoy, siendo este todavía presidente del Gobierno, en uno de sus desplazamientos al País Vasco. «¡Qué me dices Gorka! No está en la agenda», recuerda que le respondió el mandatario popular.

Landaburu, que en el 2000 fue destinatario de un paquete bomba que le mutiló varios dedos —dice tener «la suerte de estar vivo, aunque no debería»—, argumenta que la de acabar con la dispersión «no es una cuestión de tener más o menos simpatía» hacia los extremistas. Subraya que «una celda en Sevilla o Córdoba es la misma que una de Vitoria», y que si se acerca a los reclusos de la banda se le arrebataría al nacionalismo radical una de sus principales bazas, dado que tradicionalmente «ha utilizado a los presos como víctimas».

El periodista añade que de esta forma se evitaría además «castigar» a los familiares de los reos, «que desgraciadamente son padres de terroristas pero no son terroristas», con viajes de un millar de kilómetros. «Hay que mirar al futuro, no podemos estar flagelándonos, aunque eso no significa que debamos olvidar lo que ha pasado. Sigo pidiendo autocrítica a la izquierda abertzale, avancemos al mismo tiempo para llegar a la convivencia que queremos».

Cesiones al nacionalismo

Los acercamientos, que se anuncian de forma semanal y generalmente en bloques de al menos cinco presos, cobran mayor relevancia por el contexto político en el que se producen, a falta de solo tres meses para que se materialice la transferencia de la competencia de Prisiones al Gobierno vasco. El gabinete de Iñigo Urkullu ha anunciado ya su intención de establecer en las tres cárceles del territorio un modelo que ponga el acento sobre la «reinserción social» de los reos. Según Maite Pagazaurtundúa, es ahí donde hay que poner el foco: «Para mí lo importante no es el alejamiento, es el cumplimiento íntegro de las penas», recalca la eurodiputada, ahora integrante de Ciudadanos, cuyo hermano Joseba, policía nacional, jefe de la Policía Municipal de Andoáin (Guipúzcoa), fue asesinado por ETA en el 2003.

Esa «laxitud» que Pagaza advierte en los planes del Ejecutivo autonómico en materia penitenciaria le hace temer que se terminen cruzando «líneas rojas» en beneficio de unos presos terroristas que en su mayoría, recuerda, «no han colaborado con la Justicia» ni se «reinsertan» tras abandonar la prisión. «El alejamiento no debe ser una pena accesoria, pero no hay que enredarse en políticas estériles -afirma la ex del PSE-. Lo que no debe ocurrir en ningún caso es que los presos sean acercados para que después, con el traspaso de la competencia de Prisiones, se les concedan cumplimientos de penas extraños».

La eurodiputada naranja recela también de las posibles cesiones que el Gobierno central haya podido hacer al nacionalismo radical en el marco de la negociación de los Presupuestos. De hecho, uno de cada tres acercamientos de reclusos etarras a los que ha dado luz verde el Ejecutivo de Sánchez se ha autorizado entre el periodo de conversaciones con EH Bildu y el «sí» definitivo de los batasunos a las Cuentas, aunque en el acuerdo entre ambas partes no se hizo ninguna referencia al ámbito penitenciario.

«En todo lo que rodea a ETA siempre ha habido un interés político, igual que se ha utilizado a las víctimas», asume Landaburu, quien sin embargo recalca que los batasunos «han cambiado de estrategia». «Es verdad que no han condenado el pasado, pero están en la vía democrática», afirma. Más crítico con la actuación del Gobierno, Múgica denuncia que «tampoco se entiende» una negociación «con el mundo legatario del terrorismo», principalmente «porque los cinco votos que aportaba Bildu no eran necesarios» para aprobar los PGE.

Destaca en este sentido que «si se tienen esos apoyos, es porque se ha querido tenerlos», lo que bajo su punto de vista vulnera una «regla de oro histórica» del Partido Socialista como es la de «no llegar a tratos con herederos de los etarras ni con los del franquismo». «Eso se ha roto».