El día 22/03/2022 nos hemos reunido en la Mesa Delegada de II.PP de la CAE con el Director de la Administración de  Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y la asesora para la gestión del personal al servicio de la AA. Penitenciaria, previa convocatoria, para tratar del borrador de los aspectos específicos del personal empleado público que presta servicios en la AA. Penitenciaria Vasca.

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El día 22/02/2022 nos hemos reunido en la Mesa Delegada de II.PP de la CAE con el Director de la Administración de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales Jon A. Uriarte y la asesora para la gestión del personal al servicio de la AA. Penitenciaria Arantza Collado, previa convocatoria, para tratar del borrador de los aspectos específicos del personal empleado público que presta servicios en la AA. Penitenciaria Vasca.
En dicha reunión se nos ha presentado un borrador en el que se regulan la provisión de puestos en comisión de servicios, adscripción provisional tras cese en puestos de libre designación y aprobación de convocatoria para selección de personal para provisión temporal de puestos de trabajo mediante bolsas de trabajo.

Fuente: La Razón

El País Vasco ha perdido unos 15 trabajadores tras el último concurso de prisiones. El Gobierno autonómico debe decidir el organigrama que tendrán sus prisiones

Toda la polémica en torno a los contactos entre el responsable de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, y emisarios de presos de ETA ha pillado a los funcionarios de prisiones vascas en medio de la negociación de sus condiciones. El traspaso de competencias del Gobierno al Ejecutivo autonómico se hizo efectivo el pasado mes de octubre, pero las condiciones laborales de los 619 trabajadores todavía no están definidas. Se han dado dos años de prórroga de las actuales, pero lo que finalmente se decida en El País Vasco -donde tienen un plus salarial, por ejemplo- puede afectar también al resto de cárceles porque los sindicatos no están dispuestos a quedarse atrás en los demás territorios.

El último concurso de traslados acaba de resolverse y finalmente no ha sido “la avalancha” de huidas que en un principio pareció que iba a haber, explican fuentes penitenciarias. Cuando se anunció que se iniciaba el proceso para cambiar los puestos de trabajo la incertidumbre de qué pasaría con el traspaso de competencias y cómo quedarían sus condiciones provocó un número muy elevado de peticiones de marcha. Pero cuando se llegó a un principio de acuerdo para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2023 las actuales hasta que se establezca un convenio propio, este número se redujo. Finalmente, y según datos facilitados por los sindicatos a LA RAZÓN, Euskadi solo pierde 15 trabajadores.

De las tres prisiones que hay en ese territorio el mapa ha quedado de la siguiente forma: En la de Álava se han marchado 49 funcionarios, pero han llegado otros 47; en la de Basauri (Vizcaya) se han ido 9 y han llegado 2; y en la que se ubica en San Sebastián se marchan 22, pero entran 16. El total de las vacantes que ya existían antes y las que se suman ahora son 54 entre todos los centros que el Gobierno vasco tendrá que cubrir, quizás, con una oferta de empleo público.

A partir de aquí comienzan a negociarse las condiciones de los trabajadores. Se decidirá en una mesa delegada en la que están presentes cuatro sindicatos -CCOO, ELLA, LAB y Acaip-ugt- de un lado y el Ejecutivo que preside Iñigo Urkullu del otro. Por el momento no se han reunido, según fuentes conocedoras de la situación, porque se han dado un margen para valorar lo que cada cual quiere poner sobre el papel, pero los contactos empezarán pronto.

Las dudas sobre sus condiciones versan, por un lado, en las condiciones salariales ya que en ese territorio siempre se ha incluido un plus salarial -que a efectos prácticos viene a ser unos 400 euros más que el resto de los funcionarios de España-; así como en la estructura organizativa, puesto que el Gobierno vasco tendrá que establecer la relación de los puestos de trabajo que quiere en su territorio.

También tendrán que revisarse las jornadas laborales. Las prisiones vascas han sido consideradas desde inicios de los años 90′ una categoría especial dentro de Instituciones Penitenciarias, en la que además se incluye la cárcel de Navarra. Esto tiene que ver, precisamente, con la banda terrorista ETA. Si bien los presos vascos tradicionalmente no se han encarcelado allí por la política de dispersión que se había practicado hasta la llegada del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la peligrosidad de trabajar en una zona donde los terroristas tenían como objetivo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado era evidente. Por eso, se accedió no solo al complemento salarial, sino también a un mayor número de permisos, por ejemplo, para poder visitar a sus familias que muchas veces no vivían dentro de la comunidad autónoma.

Problema derivado para Interior

Los funcionarios no están dispuestos a dejarse estos derechos adquiridos negociando, pero esto puede abrir también una brecha dentro del Ministerio del Interior porque el resto de trabajadores de prisiones tampoco va a dar su brazo a torcer: quieren las mismas condiciones.

Para las fuentes sindicales consultadas ya no tiene sentido que estos territorios tengan unos privilegios sobre el resto porque ahora son extrapolables a muchos otros. Por ejemplo a las islas Canarias o Baleares por su problema de comunicaciones, o a la delincuencia organizada que crece en la Costa del Sol. La idea no es bajar las condiciones de todos, sino subir la de los demás territorios. Y en eso llevan los sindicatos años.

Diario: El Mundo

Las cárceles vascas se vacían de funcionarios y sólo 65 personas de otras comunidades se incorporarán al nuevo modelo penitenciario.

El Gobierno vasco asumió el pasado 1 de octubre la transferencia de las tres cárceles vascas y cada vez hay menos funcionarios para ocuparse de los 1.365 reclusos, entre ellos 84 miembros de ETA. La consejera de Justicia, Beatriz Artolazabal, anunció el pasado 12 de enero que al finalizar el concurso de traslados, que ha culminado esta misma semana, Instituciones Penitenciarias incrementaría los trabajadores de los centros de Zaballa, Martutene y Basauri.

Sin embargo, las plantillas de estos centros acumulan ya 82 vacantes porque 80 funcionarios han decidido marcharse del País Vasco renunciando a las mejores condiciones económicas y laborales que ofrece el Gobierno vasco y sólo 65 de otras regiones se incorporarán en las próximas semanas al denominado modelo penitenciario vasco.

El Gobierno vasco anunció la implantación de un sistema singular de cumplimiento de las penas en el que se pretende que el 40% de los reclusos se encuentren en semilibertad y que beneficiará singularmente a los 84 presos de ETA que ya han sido trasladados, aunque tanto EH Bildu como el PNV pretenden acelerar estos acercamientos y que los 175 ex miembros de la banda sean trasladados a prisiones del País Vasco y de Navarra.

El sindicato ACAIP-UGT, el mayoritario en las plantillas de funcionarios penitenciarios en el País Vasco, ya advirtió antes de que se procediera a culminar la transferencia de un déficit de 65 vacantes en las tres prisiones en función de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

El acuerdo laboral

Cien días después de asumir la gestión de las cárceles y con el foco situado en la nueva agencia de formación laboral Aukerak (Oportunidades, en euskera), el déficit de funcionarios se sitúa en 82 vacantes y compromete el funcionamiento del trabajo en estos centros penitenciarios.

"Ya advertimos que ésta [por la gestión de las prisiones] no era una transferencia más, sino una transferencia muy complicada porque, entre otras cosas, no tiene parangón con el trabajo de otros funcionarios del Gobierno vasco", advierte José Ramón López, presidente de ACAIP-UGT que logró cerrar con el Ejecutivo de Iñigo Urkullu un acuerdo laboral para respetar durante dos años las condiciones de trabajo de un grupo de trabajadores perseguidos durante décadas por los miembros de ETA.

El déficit de funcionarios denunciado por ACAIP-UGT antes del 1 de octubre se ha incrementado tras las intenciones del Gobierno de Urkullu de comenzar con un proceso de euskaldunización. Prácticamente toda la plantilla formalizó el primer trámite para optar por plazas en otras prisiones de España, pero tras el acuerdo laboral alcanzado por ACAIP-UGT que mantiene complementos salariales específicos y calendarios con periodos de descanso, las peticiones de traslado se redujeron.

El concurso de traslados

Consciente del déficit de trabajadores formados, la consejera Artolazabal aseguró hace una semana que, según la información que le había facilitado el Ministerio del Interior, aumentaría el número de funcionarios en el País Vasco. "El saldo que parece ser que se puede producir va a ser un saldo positivo", contestó Artolazabal ante las denuncias de los sindicatos sobre la disminución de funcionarios de prisiones.

La finalización del concurso de traslados con el listado oficial, al que ha tenido acceso EL MUNDO, constata una pérdida de al menos 15 empleados públicos que se suman a las 67 vacantes anteriores y que no podrán ser reemplazados por contrataciones de interinos hasta que el Gobierno vasco elabore su propia RPT.

El Ejecutivo de Urkullu ha asumido ante los sindicatos que tendrá que pagar pluses salariales a los funcionarios para contrarrestar el déficit de plantilla.

El día 3/12/2021 nos hemos reunido con el Director de la Administración de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales Jon A. Uriarte, la asesora para la gestión del personal al servicio de la AA. Penitenciaria Arantza Collado  y técnico de Relaciones Laborales, dentro de la comisión de interpretación del acuerdo que se generó como consecuencia de la firma por parte de ACAIP- UGT del preacuerdo de las condiciones laborales transitorias aplicables al personal empleado público que presta servicio en la AA.PP. Vasca.

Se adjunta acuerdo firmado por ACAIP-UGT como sindicato mas representativo con el gobierno del Pais Vasco sobre las condiciones de trabajo de los empleados publicos penitenciarios que a fecha 1 de octubre 2021 pasaran a depender de la administración penitenciaria vasca.

Existe un compromiso por el cual durante dos años se mantendrán todos las condiciones tanto laborales como económicas que hasta ahora tienen los empleados públicos de los tres centros penitenciarios, existiendo incluso una pequeña mejora en el importe de los trienios

En los sucesivos meses se empezará a negociar con la administración vasca aspectos que no viene recogidos en la propia administración vasca.

Se adjunta el documento con el ACUERDO FIRMADO

Estimadas/os Compañeras/os:

En el día de hoy se ha firmado con el Gobierno vasco este primer Acuerdo que permite garantizar de forma adecuada las condiciones de trabajo del personal penitenciario transferido, mientras se negocian y generan los sistemas específicos en nuestro ámbito, por lo que partir del próximo 1 de octubre, cuando se ejecute el traspaso del personal, existirá un marco jurídico estable y claro para poder seguir desempeñando nuestras funciones en los diferentes centros de trabajo. El Acuerdo firmado en la Mesa Sectorial de la Administración General de la CAPV, se ha elevado al Consejo de Gobierno para su aprobación.

Mismo trabajo, distinto empleador. El 1 de octubre, el Gobierno vasco asumirá la transferencia de las cárceles vascas de manos del Ejecutivo central después de un acuerdo político que sus funcionarios afrontan con incertidumbre. EL CORREO habla con cuatro de ello

Fuente: El Independiente

A una semana de que el País Vasco asuma la gestión de las prisiones, la incertidumbre sobre sus condiciones laborales -sobre las que no hay aún acuerdo- lleva a casi todo el colectivo a presentarse al concurso de traslados a cárceles de otras comunidades.

La práctica totalidad de los funcionarios de prisiones de Euskadi se ha acogido al concurso de traslados para optar a plazas en otros centros penitenciarios fuera del País Vasco. Ante la demora en conocer cuáles serán definitivamente las condiciones laborales que les ofrece el Gobierno vasco, la mayor parte de los 700 funcionarios de prisiones de los centros de Zaballa (Alava) Basauri (Bizkaia) y Martutene (San Sebastián) se han inscrito en la convocatoria cuyo plazo de solicitud concluye esta semana. La incertidumbre que, a apenas una semana de que Euskadi asume la gestión de las cárceles –lo hará formalmente desde el 1 de octubre próximo-, ha llevado al personal de los tres centros carcelarios a contemplar la posibilidad de pedir el traslado.

La gran mayoría de los funcionarios de los tres centros ubicados en el País Vasco proceden de otras comunidades autónomas, en su mayoría vecinas, como Cantabria, Castilla y León o Navarra. Cerca del 85% del personal no reside de modo habitual en Euskadi y se desplaza semanalmente para llevar a cabo sus jornadas laborales, que se pueden prolongar tres o cuatro días, y retornar después a su lugar de origen. Se trata de empleados penitenciarios que en muchos casos deben afrontar no sólo los desplazamientos semanales sino también residir compartiendo piso entre compañeros, en hostales o en residencias estudiantiles.

Las negociaciones llevadas a cabo desde hace semanas entre la Administración vasca y los representantes laborales no han logrado por el momento aflorar un acuerdo cerrado en las condiciones de trabajo que ofrecerá el Ejecutivo vasco cuando la Administración del Estado ceda el testigo de las tres prisiones.

Fuentes sindicales señalan que en los aspectos laborales las condiciones son similares y que tan sólo perciben alguna mejora en las condiciones que se les han avanzado en materia de antigüedad. Sin embargo, añaden que en otros aspectos, como las jornadas laborales, los cambios que desea implantar la administración vasca, como la supresión de las jornadas concentradas que ahora vienen realizando, están dificultando sobremanera el acuerdo.

Falta de concreción

Desde el sindicato UGT señalan que “falta mucha concreción” y que los interlocutores del Gobierno de Urkullu “continúan sin concretar muchos aspectos que nos parecen esenciales para decidir si queremos continuar aquí o marcharnos”, asegura Santiago Carral, delegado de Acaip/UGT en la prision de Zaballa. Los representantes de los trabajadores denuncian que la falta de detalle en la propuesta es lo que está generando incertidumbre entre el personal de las prisiones: “Nos están pidiendo que lancemos una moneda al aire. No sé si es para que muchos se vayan y traigan personal de otro perfil, el que ellos seleccionen, o simplemente por haberlo retrasado en exceso. Mucha gente se lo está pensando. Yo, por ejemplo, llevo muchos años en Zaballa, nunca me lo plantee, pero ahora…”.

El plan inicial de la Administración vasca pasa por abrir un periodo transitorio en el ajuste de la competencia y del encaje del personal que ahora tienen los tres centros. Serían dos años y tres meses, hasta cerrar el plan y condiciones definitivo. En ese periodo también se contemplaría la adaptación progresiva en materia lingüística.

Por el momento no se ha establecido ningún nivel de exigencia lingüística. Además, por razones de edad, tal y como ya se contempla en el conjunto de la administración pública, se confía en que a la mayor parte de los funcionarios de prisiones no les afectara al quedar exentos por razones de edad. Actualmente la edad media de los 700 funcionarios ronda los 51 años.

Un ‘modelo vasco’

Uno de los aspectos en los que sí percibirán un cambio significativo serán el modelo carcelario que se seguirá. La Administración vasca ya ha cerrado un “modelo vasco” de prisiones que buscará como objetivos prioritarios la reinserción y resocialización de los reclusos. Junto a ell0, el modelo carcelario que ultima la Administración se enfocará a la reintegración social de modo especial del colectivo de presos de ETA.

Precisamente el acercamiento de presos de la banda terrorista a el País Vasco es una de las cuestiones que se da por segura. El los acercamientos llevados a cabo por el ministerio del Interior en los últimos dos años la mayor parte de los presos de ETA han sido acercados a cárceles próximas a Euskadi. la siguiente fase que está previsto abordar es el acercamiento de este colectivo de presos a los centros penitenciarios vascos que desde este próximo día 1 de octubre gestionará la administración vasca.