Hola a tod@s, ayer día 8/09/2021 nos hemos vuelto a reunir conforme al calendario acordado entre el gobierno vasco y los agentes sociales para seguir perfilando las condiciones laborales de los emplead@s públicos de los centros penitenciarios vascos.

Diario: El Correo

Advierte de que «podría haber movilizaciones» si no hay acuerdo entre el Gobierno vasco y los sindicatos para definir el modelo penitenciario

Falta menos de un mes para que la gestión de las tres prisiones vascas pase a manos del Gobierno vasco y aún hay muchos flecos por cerrar. José Ramón López, presidente de Acaip-UGT, sindicato mayoritario en Prisiones, describe una negociación de última hora y a la carrera de la que depende el futuro de casi 700 funcionarios. Hoy se reúnen por segunda vez con el Ejecutivo de Urkullu para abordar las condiciones laborales de los trabajadores afectados por el traspaso.

- ¿Cuál va a ser el modelo vasco de prisiones a partir de octubre?

- No tenemos ninguna pista, sólo un documento muy ambiguo. Echamos de menos una reunión política, en la que se nos explique adónde quiere ir el Gobierno vasco con este traspaso.

- ¿Echa en falta voluntad de diálogo?

- No sé si es eso. Parece que ellos deciden cómo van a hacer políticamente las cosas y nosotros nos dedicamos a lo técnico. Y eso es un error, porque el modelo penitenciario excede de lo político. A esta Administración le gusta mucho jugar con la ambigüedad.

- ¿Por qué lo dice?

- Aquí no dicen ni sí ni no ni todo lo contrario, sólo ya os mandaremos un documento. Yo estoy acostumbrado a cosas más directas. Si es que es más racional que el acuerdo salga el día 10, pero que salga bien. Pero se han marcado el día 1. Creo que quieren llegar a un acuerdo y no saben cómo. Es mi impresión.

- LAB se ha desmarcado de las negociaciones. ¿No sería deseable una unión sindical?

- No somos un sindicato que busca no firmar acuerdos para sacar rédito sindical. Queremos llegar a un acuerdo razonable que beneficie a las partes. A lo mejor hay sindicatos que no quieren eso porque tienen otros intereses.

- ¿Qué pasará si llega la fecha y no hay acuerdo?

- Que el Gobierno vasco tendrá que implementar unilateralmente lo que entienda adecuado, pero sin acuerdo sindical. Y eso supondrá movilizaciones, desbandada de los funcionarios hacia la Administración del Estado... Lo tendrán que valorar. Vamos con toda la buena voluntad, pero no a cualquier precio. Nuestra línea roja son los derechos consolidados de los trabajadores. El Gobierno vasco debería tener en cuenta una cosa. Cuidado con la propaganda. A la gente no le gusta que le tomen el pelo.

- ¿El Gobierno vasco no sabía lo que se le venía encima?

- Yo creo que no ha calibrado bien. Creo que ha pensado que podía ser una transferencia más, pero no lo es. Ahora lo intentan hacer a matacaballo. Y lo que se hace deprisa tiende a salir mal.

- Denuncian, entre otras cosas, falta de infraestructuras.

- Lo lógico, si vas a potenciar el régimen abierto, es que tengas Centros de Inserción Social. Y no los tienes. Tampoco hay una unidad de madres. En Zubieta, por ejemplo, sí está diseñada, pero faltan casi dos años hasta que abra. Está todo muy cogido con alfileres. Tiene mala pinta.

- Ustedes fueron un colectivo señalado por ETA. ¿Es duro tratar con quien asesinó a un compañero?

- Mucho. Pero al final lo tienes que hacer, eres un profesional.

- El PP denunció el peligro que existe de que las cárceles vascas se conviertan en «un resort de lujo» para los presos de ETA. ¿Está politizado este tema?

- Totalmente. No hay un interés de gestión, lo cual es completamente respetable. Es una competencia política. Nada más. Hay que llamar a las cosas por su nombre.

- ¿Qué papel tienen los funcionarios en los informes técnicos para las progresiones de grado?

- Emitimos informes sobre la conducta de todos los internos, permisos de salida, progresiones de grado... Pero, al final, quien decide es la Junta de Tratamiento del Centro. También están los juzgados de vigilancia, a los que pueden acudir los internos.

- ¿Cuántos funcionarios viven fuera del País Vasco?

- Muchos. No podría decir el porcentaje, pero muchos.

- ¿Es normal que la competencia sea de aquí pero los funcionarios residan fuera?

- No pasa solo aquí. En Prisiones siempre ha habido núcleos donde había muchos funcionarios. Castilla y León es uno de los más cercanos a Euskadi. En Andalucía y Canarias también había un déficit de funcionarios y eso ahora está cambiando. Aquí no.

- ¿Por qué?

- Quizá se ha trasladado desde las instituciones vascas que los malos somos nosotros. Conozco a muy poquitos vascos funcionarios de prisiones. Y llevo 36 años en esto. Supongo que se irá solucionando porque si van a sacar una OPE aquí, tendrá que presentarse gente de aquí. Sobre todo si piden euskera.

- Por cierto, ¿les van a exigir aprenderlo?

- Pues no lo sé porque cada día dicen una cosa distinta.

- ¿Y qué es lo último que les han dicho?

- Urkullu dijo en la Prensa que no se nos va a exigir. También digo una cosa. Exige lo que quieras, pero la edad media de los funcionarios de Basauri es de 54 años. Diles que se pongan a estudiar euskera. Además, por lo que veo, aquí todo es bilingüe. Por tanto, yo creo que lo de la 'euskaldunización' es más pose que realidad.

A LA CONSEJERA DE IGUALDAD JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES DEL PAÍS VASCO

Asunto: Traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria.

La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP, en adelante) es una organización sindical que nace en el año 1990 con la finalidad de representar los intereses de un colectivo de empleadas/os públicas/os con unas particularidades incuestionables, los trabajadores de prisiones. En febrero de 2018, a través de un proceso congresual, Acaip acuerda confluir con la Unión General de Trabajadores (UGT) a los procesos electorales con la fórmula de sindicato afiliado y la denominación Acaip-UGT.

Fuente: El Diario.es

• Acaip-UGT, sindicato mayoritario en las cárceles vascas, denuncia la "falta de previsión" ante un cambio de gestión que se producirá el 1 de octubre
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Acaip-UGT, que es el sindicato mayoritario de las tres prisiones vascas, ha acusado al Gobierno vasco de "falta de previsión" y de actuar "de forma lenta" a la hora de definir el modelo de gestión de la transferencia a partir del 1 de octubre. También entiende su presidente, José Ramón López, que se desconoce "cómo funciona un centro penitenciario y cuáles son sus necesidades reales".

A tres semanas de la asunción de la competencia, Acaip-UGT cree que faltan datos de "cuál" es el modelo de gestión que propone la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, y ha advertido de que "no se puede empezar con la gestión de una competencia nueva sin ningún acuerdo sindical". López ha hecho estas afirmaciones en una comparecencia en la sede del UGT en Bilbao, sindicato con el que confluyó en 2018, junto al secretario general de UGT-Euskadi, Raúl Arza, la secretaria general de la federación de Servicios Públicos de UGT-Euskadi, Arantza Agote, y del responsable de Acaip-UGT de Euskadi, Juan Carlos Díaz, informa Europa Press.

En la comparecencia se ha dado a conocer un informe del sindicato sobre la situación en los centros penitenciarios vascos, así como las prioridades en infraestructuras y medios humanos en las prisiones, ante la inminente asunción de las competencias penitenciarias, efectiva el 1 de octubre, y su encaje en la Administración General de Euskadi. Es una propuesta que, tal y como han trasladado, ya ha sido presentada al Gobierno autonómico.

En dicho análisis, se recogen tres carencias fundamentales a la hora de abordar la gestión del sistema penitenciario. En primer lugar, que Euskadi no cuenta con centros de inserción social para afrontar la política penitenciaria de tercer grado. En segundo lugar, señalan que existe un grave problema del personal necesario que se requiere. Según sus estimaciones, "a día de hoy, y tal y como ha calculado el sindicato, la falta de personal se cifra en más de 90 trabajadores porque, tal y como ha denunciado, "están sin cubrir el 30% de las plazas de personal laboral y más del 10% de las necesarias entre el personal funcionario" en las tres cárceles vascas: Zaballa, Basauri y Martutene.

El personal actual entre las tres prisiones ronda los 700 trabajadores, entre funcionarios y plantilla laboral. En este punto, López ha apuntado que el 50% de esos 700 funcionarios destinados en Euskadi pueden inscribirse en el concurso de traslados que Instituciones Penitenciarias abrió el pasado 1 de septiembre. A todo ello habría que sumar, en tercer lugar, lo que López ha calificado como el "mal endémico y muy preocupante" entre su colectivo, como es la elevada media de edad de los funcionarios, que se sitúa en 54 años en Basauri, en los 51 años en Zaballa y de 48 años en Martutene, cuando, ha precisado, "hay que afrontar una población reclusa cada vez más joven".

A juicio del sindicato mayoritario en Prisiones, "la asunción de las competencias por parte del Gobierno Vasco suscita muchas dudas que no quedan resueltas en las Bases para la Implantación del Modelo Penitenciario en Euskadi". Para empezar, ha añadido, "es primordial que disponga de un sistema provisional de cobertura de las necesidades que vayan surgiendo a partir del 1 de octubre". López ha afirmado que, a juicio de su sindicato, "hay mucho desconocimiento de cómo funciona un centro penitenciario y de cuáles son las necesidades reales de funcionamiento".

Por ese motivo, entienden que "se están dando una situación de poco calado, de ir a 'matacaballo', solamente buscando una fecha para presentar un acuerdo a los ojos de la opinión publica". Sin embargo, ha advertido, ese acuerdo, "a día de hoy, está lejos". "Aunque no decimos que no se vaya a producir, porque somos el sindicato mayoritario en instituciones penitenciarias desde el año 1998 y somos un sindicato que firma acuerdos, estamos para firmar acuerdos pero no para firmarlos a cualquier precio", ha indicado.

A juicio del presidente de Acaip, el problema de esta transferencia es que es "totalmente nueva". "Y vamos a tener que crear todo nuevo desde la estructura, como ya se tenía en la Administración central", ha dicho. Por eso, ha valorado, tienen la sensación de que "no se ha calibrado bien esta circunstancia desde el Gobierno y que está muy poco trabajada y muy poco desarrollada pese a ser una competencia muy deseada".

López ha fijado "las líneas rojas" que su sindicato no va a traspasar en las negociaciones en materia de retribuciones económicas de las plantillas de los tres centros penitenciarios vascos. En este sentido, ha advertido de que no van a permitir que "un funcionario transferido pierda dinero bajo ningún concepto". "Eso es absolutamente impensable y esa es una línea roja evidente", ha enfatizado. Además, el Gobierno casco "no puede pretender que los sindicatos, como representantes de los trabajadores, renuncien a derechos adquiridos por las plantillas".

En su informe, Acaip-UGT sostiene que las carencias de personal, tanto por vacantes, como por relaciones de puestos de trabajo infradotadas "deben solucionarse con la adecuación de las relaciones de puestos de trabajo a la realidad existente con un dimensionamiento adecuado". Para ello, también es necesaria una OPE suficiente que permita cubrir de forma adecuada las relaciones de puestos de trabajo. Sin embargo, López ha alertado de que esos nuevos trabajadores no se incorporarían antes de dos años, lo que agravaría la situación de provisionalidad, algo que requiere, en su opinión de la creación de una bolsa de interinos que permita solucionar disfunciones coyunturales de forma efectiva y rápida.

El Gobierno vasco se reunirá este miércoles con los sindicatos para negociar las condiciones laborales de los trabajadores afectados por la transferencia a Euskadi de la gestión de las cárceles ubicadas en la comunidad autónoma. En este sentido, López ha corroborado que las reuniones mantenidas hasta ahora solo han sido "de carácter técnico, a efectos de instrumentalizar al 1 de octubre los efectos del traspaso". Asimismo ha lamentado que las declaraciones realizadas acerca del modelo del sistema "son bastante generalistas pero no aluden exactamente en qué términos" por lo que todavía no tienen "una idea clara de qué y cómo quieren llevar a cabo" la gestión del sistema penitenciario vasco.

Fuente: El Mundo

ACAIP-UGT, el sindicato mayoritario, advierte de que la mitad de los 700 trabajadores pedirán su traslado si la consejera no respeta sus derechos

ACAIP-UGT, el sindicato mayoritario en las tres prisiones vascas, ha denunciado el "desconocimiento" con el que la consejera Beatriz Artolazabal está abordando la transferencia el próximo 1 de octubre. El Gobierno vasco y los sindicatos ACAIP-UGT, CCOO y ELA retomarán mañana miércoles sus contactos para determinar las condiciones de trabajo de los 700 funcionarios y personal laboral que trabajan en las tres prisiones vascas. "Sería un grandísimo error asumir la transferencia sin acuerdo", han advertido el secretario general de ACAIP-UGT José Ramón López y el líder de UGT Euskadi Raúl Arza.

Los funcionarios de prisiones negocian a "matacaballo", según López, las condiciones de trabajo de los 700 funcionarios que a partir del 1 de octubre formarán parte de la administración vasca. Unas condiciones singulares tanto por las características del trabajo de estos funcionarios del Estado como por sus condiciones laborales que, tras el acuerdo político para el traspaso, deben ser respetadas por el departamento de Beatriz Artolazabal que ha encomendado a Jon Uriarte, director de Administración del departamento de Justicia.

El sindicato mayoritario se muestra "sorprendido" de la actitud del equipo de Artolazabal cuando tan sólo restan tres semanas para que oficialmente el Gobierno vasco se haga con el control de las prisiones y, especialmente, con la responsabilidad de los 700 funcionarios y trabajadores de Zaballa, Basauri y Martutene. Como informó EL MUNDO, el Gobierno vasco hizo entrega la pasada semana de una primera propuesta centrada en las condiciones laborales sin contemplar lo que ACAIP-UGT ha definido como "líneas rojas" en la negociación. Artolazabal sí incorpora como parte de la normativa que se aplicará en un segundo momento un plan de conocimiento del euskera ligado a la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que se finalizará no antes del año 2023.

Mientras tanto, los funcionarios exigen que se respete el pase a la denominada 'segunda actividad' de una plantilla que supera los 50 años de media de edad y que es insuficiente para atender a una población reclusa de 1.300 presos distribuidos en los tres centros penitenciarios. José Ramón López ha advertido de que en el momento de la transferencia faltarían 90 trabajadores, fundamentalmente en Zaballa, en función del ratio de funcionarios que se requiere en los centros tipo como la prisión alavesa.

Una circunstancia agravada al mantenerse abiertos los 15 módulos de esta cárcel moderna y a la que se destinó la misma plantilla que prestaba hasta 2011 sus servicios en la antigua prisión de Nanclares, con la mitad de módulos. ACAIP-UGT, además de un aumento del personal, reclama que se mantenga el salario vinculado a los seis "programas de productividad" que, de momento, el Gobierno vasco no contempla porque no forma parte de sus retribuciones salariales.

ACAIP-UGT ha advertido, además, que ni Artolazabal ni ningún miembro de su equipo ha explicado a los sindicatos en qué consiste el 'modelo penitenciario vasco' que pretende poner en marcha a partir del día 1 de octubre con la colaboración como asesor del juez Jaime Tapia. Un modelo que primará el cumplimiento en semilibertad de las penas de todos los reclusos, especialmente de los casi 70 miembros de ETA que ya se encuentran en las tres prisiones vascas y que se verán incrementados en los próximos meses.

López ha advertido a la consejera Artolazabal que hasta el 50% de los 700 funcionarios destinados en Euskadi pueden apuntarse al concurso de traslados que Instituciones Penitenciarias abrió el pasado 1 de septiembre por las dudas que se han generado en la plantilla. Una desbandada que agravaría la situación actual en la que un funcionario llega a realizar el control de dos módulos a la vez. El representante de ACAIP-UGT ha planteado que se constituyan bolsas de trabajo para contrarrestar las vacantes actuales y las que se puedan generar pero ha destacado la necesidad de cerrar un acuerdo antes del 1 de octubre. "No vamos a permitir que ningún funcionario pierda dinero [con la transferencia]", ha advertido ACAIP-UGT que lidera la negociación del traspaso de esta delicada competencia.

Ayer día 1/09/2021, hemos iniciado las reuniones que se van a desarrollar a lo largo de ese mes con el gobierno vasco para intentar definir y negociar las condiciones laborales de los empleados públicos de los centros penitenciarios vascos una vez sea efectiva la transferencia el 1 de octubre. A esta reunión han asistido por parte de la Administración autonómica Jon A. Uriarte (Director de la Administración de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales), Arantza Collado (asesora para la gestión del personal al servicio de la AA. Penitenciaria), Jon Aguirre y Alex Barreiro (director y técnico de relaciones laborales de la administración de justicia del gobierno vasco respectivamente). Por la parte social hemos asistido ACAIP-UGT, ELA y CCOO.