Fuente: El Pais

El lehendakari afirma que ese tipo de actos “violan” los esfuerzos por la convivencia

El lehendakari ha mandado un mensaje muy duro a la izquierda abertzale por alentar y justificar los homenajes a los miembros de ETA, libres o encarcelados. En su opinión, los recibimientos “violan los esfuerzos por una convivencia integral”, ha declarado este viernes Íñigo Urkullu a través de las redes sociales. “Estas son actitudes repulsivas”, ha dicho en relación a quienes desde Sortu, el partido mayoritario de la coalición EH Bildu, defienden los homenajes a exterroristas, como el que varias decenas de personas ofrecieron el pasado lunes en el barrio bilbaíno de Santutxu al etarra Agustín Almaraz, que salió de la cárcel tras cumplir 25 años de condena por cuatro asesinatos. Sortu sostiene que la salida de prisión de cada recluso de ETA es un hecho que “acerca a la paz” y en un comunicado aseguran que “difícilmente se construirá la convivencia imponiendo al otro lo que debe o puede hacer”.

Urkullu ha reclamado una reflexión en clave ética a los dirigentes de Sortu y a los miembros de ETA que siguen en la cárcel o que la abandonan después de cumplir la pena. A través de Facebook les ha pedido que hagan “una valoración y un reconocimiento del daño injusto causado” para cumplir con los mínimos de respeto a las víctimas que exige la sociedad vasca y sobre los que se ha de construir la convivencia. El lehendakari se ha sumado al coro de voces críticas con la izquierda abertzale que ya alcanza a todo el arco parlamentario vasco. El recibimiento a Almaraz ha sido denunciado por los Gobiernos central y vasco, por todos los partidos políticos y las asociaciones de víctimas. Solo Sortu salió en su defensa.

El Observatorio de Radicalización, de Covite, ha registrado en los seis primeros meses del año 64 actos de apoyo a ETA, frente a los 124 documentados en el mismo periodo de 2020. De ellos, nueve fueron homenajes a miembros de ETA, 40 han sido pintadas y pancartas de ensalzamiento a la banda, cinco manifestaciones a favor de la amnistía para los presos y 10 acciones clasificadas como “otros” entre los que figura el acoso a las Fuerzas de Seguridad del Estado o la agresión al exconcejal del PP en Vitoria, Iñaki García Calvo. Para el próximo día 18 de septiembre está prevista una marcha de homenaje en Mondragón al preso de ETA Henri Parot, que lleva 31 años en la cárcel y cumple condena por el asesinato de 39 personas en diferentes atentados. El acto, organizado por la red Sare de apoyo a los presos, consiste en una marcha solidaria de 31 kilómetros, uno por cada año que lleva en la cárcel.

Urkullu argumenta que cada vez es más necesario compartir una base ética “que destierre para siempre estas actitudes que violan los esfuerzos por una convivencia integral” y añade que lo fundamental es “construir una sociedad desde la base firme de unos principios y valores compartidos”. La repulsa de Urkullu hacia la defensa que hace Sortu de los denominados ongi etorri (bienvenida) a los presos de ETA es compartida también por los sindicatos policiales. El secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, y el secretario de organización de JUPOL, Aarón Rivero, se reunieron este lunes con el Delegado del Gobierno en el País Vasco para explorar la posibilidad de prohibir el acto, una decisión que solo puede adoptar la justicia. La Delegación del Gobierno remitió a la Fiscalía la convocatoria del acto.

En el mismo mensaje que Urkullu ha difundido sobre los recibimientos a etarras, el lehendakari ha condenado los últimos incidentes entre jóvenes y policía en San Sebastián. EH Bildu ha sido la única fuerza que se ha negado a suscribir una condena de los hechos que dieron lugar a la detención de quince jóvenes en San Sebastián tras enfrentamientos con la policía vasca y saqueos en comercios.

El Partido Popular registró el jueves una petición de comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que le exigen explicaciones sobre los homenajes a presos de ETA que vienen realizándose en municipios del País Vasco y Navarra y le emplazan a tomar medidas para poner fin a estos ongi etorri. La iniciativa registrada en el Congreso reclama al titular de Interior que explique “las actuaciones que está llevando a cabo para prohibir los actos de homenajes ongi etorri que se están produciendo, a la salida de las prisiones, de presos de ETA”. La solicitud, firmada por Cuca Gamarra, emplaza a Grande-Marlaska a tomar medidas “para no permitir la celebración, el próximo 18 de septiembre, de un acto de homenaje en Mondragón (Guipúzcoa) a Henri Parot”, que acumulaba penas de hasta casi 4.800 años de cárcel.

Esta medida es preventiva y se toma tras constatar un brote en el penal

En la noche del miércoles se detectó un brote en el módulo cinco del centro penitenciario de Zaballa, después de que uno de los internos fuera diagnosticado con coronavirus por una prueba de antígenos. Esta situación dio lugar a hacer una barrida con test de antígenos en los 69 reclusos, lo que arrojó 13 positivos más, dejando un total de 14 afectados.

Ante esta situación, el delegado del Gobierno, Denis Itxaso, explicó que como medida de prevención "se está procediendo a lo largo de la mañana a realizar test PCR a todos los ocupantes que han dado negativo para poder consolidar ese diagnóstico negativo por antígeno".

Cuarentena sanitaria

De momento los 14 afectados desarrollan una sintomatología leve ya que estaban vacunados y han sido sometidos a un aislamiento. Mientras el conjunto del módulo está en cuarentena sanitaria, eso quiere decir, según palabras del delegado "que no pueden entrar personas a visitarlos ni ellos pueden salir de la prisión. Desde el primer momento se ha aplicado el protocolo previsto para este tipo de casos".

ASPECTOS A TRATAR POR ORDEN DE PRIORIDAD

Trabajar un texto de Acuerdo de Consejo de Gobierno para la regulación transitoria de las condiciones de trabajo del personal que presta servicios en las instituciones penitenciarias vascas.
Periodo de vigencia de dicho Acuerdo.

En el mismo se debería incluir la regulación transitoria en relación a los siguientes temas:

Fuente: OK Diario

Fuente: OK Diario

Urkullu tienta a los etarras huidos con un plan de reinserción ‘a la carta’ tras asumir las cárceles.

El Gobierno de Iñigo Urkullu, que desde el pasado mes de mayo tiene las competencias sobre las tres cárceles que hay en su territorio, ha diseñado lo que llama un «plan de acogida» para los 700 funcionarios de prisiones que va a asumir el nuevo sistema autonómico. Les va a concienciar sobre el funcionamiento de su nuevo «modelo de justicia alternativa», que defiende la «semilibertad» como uno de sus puntos fundamentales. Una declaración de intenciones respecto al futuro carcelario de los presos de ETA.

El colectivo de funcionarios de prisiones ha sido históricamente uno de los grandes castigados por el terrorismo de ETA. Han sufrido en sus carnes multitud de atentados y amenazas. Sin ir más lejos, el secuestro de año y medio que sufrió José Antonio Ortega Lara, trabajador del centro penitenciario de Logroño.

El Gobierno vasco sabe que el colectivo es un potencial foco de conflictividad en cuanto a la concesión de beneficios ‘a la carta’ a presos etarras se refiere. Y por ello, ha aplicado un plan para aplacar las críticas a su política penitenciaria antes incluso de que se produzcan. La venda antes que la herida.

La «semilibertad»

Urkullu ha denominado a eso un «plan de acogida» para los 700 funcionarios que a partir del próximo 1 de octubre pasarán a depender directamente del Gobierno vasco. De momento se encuentran en un régimen transitorio y dependen del Ministerio del Interior.

Fuente: La Vanguardia

El Gobierno Vasco ha anunciado la iniciativa en el homenaje al funcionario de prisiones Máximo Casado, asesinado en el año 2000

Una investigación estudiará la presión ejercida por ETA sobre el colectivo de funcionarios de prisiones a través de “intimidaciones criminales”. La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, ha anunciado este martes este estudio, similar a otros realizados en torno a la presión de la banda sobre concejales o agentes de la Ertzaintza.

La iniciativa ha sido anunciada durante una visita al centro penitenciario de Zaballa (Álava), para rendir homenaje a Máximo Casado, funcionario de la cárcel de Nanclares de Oca asesinado por ETA en el año 2000 con una bomba lapa colocada en los bajos de su vehículo.

Artolazabal ha anunciado que el estudio investigará presuntas “intimidaciones criminales” y será realizado por el Instituto Arrupe de la Universidad de Deusto.

"Nuestra dirección de Derechos Humanos va a seguir la misma fórmula de otros trabajos sobre concejales bajo la amenaza de ETA, ertzainas presionados o la difícil situación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Euskadi", ha explicado. El objetivo del Gobierno Vasco es que las conclusiones del estudio puedan presentarse el próximo año.

La investigación

El objetivo del Gobierno Vasco es presentar el estudio el año que viene

Durante su visita, Artolazabal ha tenido palabras de reconocimiento para los funcionarios de prisiones por "los tiempos difíciles que tuvieron que soportar por la presión y la sinrazón" de ETA y, en particular, para Máximo Casado.

"Hoy me acerco a este lugar en recuerdo de su memoria para depositar flores en señal de profundo respeto y de solidaridad con todo el colectivo de funcionarios de prisiones, que han tenido que vivir la presión y la sinrazón de la barbarie terrorista", ha indicado.

La consejera también ha ofrecido algunos detalles sobre los cambios en el organigrama de su Departamento a fin de gestionar la competencia de Prisiones, transferida ahora al Gobierno Vasco en cumplimiento del Estatuto de Gernika. Además, ha reafirmado su apuesta por la justicia restaurativa y lo fundamentos sobre los que se asentará la política penitenciaria del Ejecutivo: "Resocializar, reeducar y reinsertar".

Fuente: Noticias Guipuzcoa

REALIZARÁ UNA OFRENDA FLORAL A MÁXIMO CASADO Y RECORDARÁ EL ACOSO SUFRIDO POR ESTE COLECTIVO EN SU VISITA HOY A LA CÁRCEL ALAVESA DE ZABALLA

DONOSTIA – Cuando faltan cerca de cuatro meses para que la comunidad autónoma vasca pase a gestionar las prisiones, el Gobierno de Urkullu va a realizar hoy un gesto simbólico de respaldo a los funcionarios que han trabajado en las cárceles, en muchas ocasiones a costa de convertirse en el objetivo de ETA y de sufrir un señalamiento y hostigamiento en sus pueblos por parte de colectivos de la órbita de la izquierda abertzale. La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, junto a la viceconsejera de Justicia, Ana Agirre, visitará hoy el centro penitenciario de Zaballa en compañía del equipo que va a gestionar las cárceles, y aprovechará la visita para realizar una ofrenda floral ante la placa en recuerdo a Máximo Casado. Este funcionario de prisiones fue asesinado por ETA en Gasteiz el 22 de octubre del año 2000, tras explotar la bomba que había adosado la organización ya disuelta a su vehículo. Este gesto es una muestra de respaldo a los funcionarios de prisiones y dará pie a que la consejera realice un anuncio en relación a la memoria de este colectivo, según ha podido saber este diario.

El Gobierno Vasco apuesta por una orientación más progresista de la política penitenciaria, impulsando la reinserción y el cumplimiento de penas en semilibertad, un argumento que ha servido a la derecha española para cargar contra este traspaso. El Ejecutivo va a hacer visible su apoyo a los funcionarios de prisiones, tras haberse convertido en objetivo de ETA (fueron asesinados en Euskadi Máximo Casado, José Ramón Domínguez, Ángel Jesús Mota y Francisco Javier Gómez Elosegi). Los trabajadores de las cárceles estuvieron en el punto de mira de ETA, como lo acreditó también el largo secuestro de Ortega Lara.

Casado es uno de los cuatro funcionarios de prisiones asesinados por ETA, y el único que sufrió ese destino del total de trabajadores de la antigua cárcel de Nanclares. A la entrada de la prisión de Zaballa, una placa de piedra recuerda lo sucedido con Casado. El Gobierno Vasco realizará este gesto político en un momento en que la derecha española está tratando de proyectar que el mensaje de reinserción que lanza la consejera se pronuncia en demérito del trabajo de estos funcionarios y con el fin de dar privilegios a los presos de ETA (que, además, por ahora son solo unos 44 los que se encuentran cumpliendo condena en Euskadi del total de 180 que componen el colectivo de reclusos de la organización desarmada). El Ejecutivo no conocerá la cifra exacta de funcionarios y personal laboral hasta que la transferencia sea efectiva el 1 de octubre, aunque se calcula que son unos 600. Pasarán a englobarse en la estructura de la administración vasca.

Fuente: El Mundo

Presos en semilibertad como Iñaki Urdangarín duermen ahora dentro de la cárcel de Zaballa. Faltan 80 funcionarios en las cárceles vascas.

El Departamento de Justicia del Gobierno vasco pretende readecuar la vieja cárcel de Nanclares para ubicar allí un nuevo Centro de Inserción Social (CIS) pese a que las instalaciones fueron cerradas el pasado 1 de marzo por Instituciones Penitenciarias. Las enormes instalaciones de la prisión alavesa sufrirían una profunda renovación para reconvertirlo en un recinto abierto dentro del denominado 'modelo penitenciario vasco' que primará las penas en semilibertad. El equipo de la consejera Beatriz Artolazabal no tiene una decisión tomada como tampoco tiene aún decidido cómo completará la plantilla de las cárceles que dispone en la actualidad de 640 trabajadores, 79 menos de los que le corresponderían.

El Gobierno vasco acelera el traspaso de las prisiones y se encuentra examinando "en profundidad" la situación de los edificios transferidos por Grande-Marlaska. La cárcel de Zaballa -inaugurada en 2011- es la instalación más moderna pero durante los primeros años sólo tuvo abiertos 10 de sus 15 módulos para compensar la reducción de personal. El traslado de los presos de la denominada 'sección abierta' de Nanclares a Zaballa se produjo en diciembre de 2019 y desde entonces utilizan dos módulos en el interior de la cárcel. En la actualidad, uno de los presos que cumplen en condiciones de semilibertad su condena es Iñaki Urdangarín que pernocta en la prisión de martes a jueves mientras el resto de la semana permanece en el domicilio familiar de Vitoria.

Tras el cierre de la sección abierta, Nanclares estuvo abierta hasta marzo de 2021 sólo para los funcionarios de la prisión que vivían en los denominados pabellones situados dentro del cierre perimetral. Tras meses denunciando las pésimas condiciones de viviendas por las que pagaban un alquiler, el Ministerio del Interior ordenó el pasado 1 de marzo de 2021 el cierre definitivo de la instalación. Durante casi cuatro meses, Instituciones Penitenciarias mantuvo a casi un centenar de usuarios en condiciones infrahumanas al negarse a reparar el suministro de agua y la calefacción de estas viviendas por las que recibía un canon de cada inquilino.

La consejera de Justicia Beatriz Artolazabal aún no ha aclarado públicamente qué piensa hacer ni con la vieja cárcel de Nanclares ni con las otras tres prisiones vascas. Tampoco ha aclarado cómo se incorporará a los 640 funcionarios de prisiones a la administración vasca. Instituciones Penitenciarias mantiene sin cubrir 79 plazas que forman parte de la Relación de Puestos de Trabajo de estas tres prisiones. Artolazabal conoce este desajuste en la plantilla a partir del actual modelo en el que los trabajadores de prisiones cuentan con características específicas. Prácticamente todos ellos forman parte de un grupo de funcionarios con los denominados 'horarios especiales', en los que se concentra el trabajo en jornadas ampliadas con periodos de descanso semanales.

Además, los trabajadores de las tres prisiones cuentan con mayor número de días de descanso anual que hasta ahora les ha permitido mantener sus residencias familiares fuera del País Vasco. Los funcionarios se encuentran a la expectativa de cómo afecta a sus funciones los cambios que Artolazabal y el juez Jaime Tapia pretenden introducir en los próximos meses en las tres cárceles.

Mientras tanto, el líder de EH Bildu Arnaldo Otegi ha admitido en una entrevista en Radio Euskadi que este traspaso "podría ser" una 'oportunidad' para la justicia restaurativa. "Cada transferencia que conseguimos es fruto del trabajo de mucha gente que trae aquí la capacidad de decisión, a veces total y a veces parcial. Es también una oportunidad para demostrar que aquí hacemos las cosas de un modo diferente", ha manifestado.

Otegi se ha preguntado de qué sirve lograr en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra competencias "en muchas materias" si se aplican "los mismos modelos y criterios que del Ebro para abajo". "En ese sentido, el traspaso de la competencia de prisiones nos da una oportunidad de hacer las cosas diferentes, y espero y deseo que así sea", ha añadido. Por otra parte, ha dicho que no tienen "ningún inconveniente" en que el PNV se "cuelgue la medalla" de haber logrado el traspaso de esa materia, pero ha recordado que en 40 años "la competencia no ha venido". "En esta coyuntura histórica, ha cambiado una cosa en Madrid: que el Gobierno depende de la mayoría independentista vasca y catalana, y ha venido la transferencia. Ahí lo dejo, no tengo ningún problema. Para mí lo importante es que venga la transferencia y seamos capaces de hacer un modelo diferente de política penitenciaria, en la medida que podemos", ha señalado.

Otegi ha insistido en que no tiene "inconveniente" en que "el que quiera colgarse la medalla se la cuelgue". "Yo pongo información encima de la mesa y, luego, que la gente saque sus conclusiones: 40 años sin venir y ha venido ahora. Ya está", ha manifestado.